La otra cara de la impunidad es la del desacato o sea, no cumplir resoluciones y sentencias del Poder Judicial Federal. El caso más notorio es que desde hace más de un año y con ratificación judicial desde abril del 2014, Peña se niega a ejecutar la entrega del ahorro de los 4 millones 600 mil mexicanos que trabajaron con los estadunidenses de 1942 a 1967. Durante esos 25 años, el gobierno federal mexicano les quitó, para ahorro, millones de dólares y no obstante el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios Mexicanos, desde el sexenio de Echeverría se ha negado a entregarles lo que les pertenece. Y no es que Peña sea el único responsable, pero a él le ha tocado darle cumplimiento cabal a la sentencia, y el señor Videgaray se ha negado a depositar el dinero para el pago de ese ahorro, no obstante las dos resoluciones expedidas. Esto significa que Peña ya incurrió en desacato y si hay imperio de la ley, él y Videgaray deben ser separados de sus cargos, llevados a Juicio Político y a juicio civil y penal para deslindarles responsabilidades.
II.- Hay otros ejemplos de desacato a sentencias judiciales. Como el del desgobernador de Sonora, quien no da cumplimiento a la resolución que le ordena no robarse el agua del Río Yaqui y de la presa El Novillo, que pertenece a la Tribu Yaqui y al municipio de Cajeme. Pero ésta de Peña es mucho más grave, ya que se trata del Presidente de la República. Ya son 13 titulares del Poder Ejecutivo Federal (del federalismo sometido al centralismo peñista), que se han ido quedando y “jineteando” el millonario ahorro de los trabajadores que reclaman su dinero. Dicen los dirigentes del Movimiento que una marcha partirá de varios estados para arribar a la capital del país el 8 de septiembre, porque no están dispuestos a esperar más. El peñismo, obligado a entregar ese ahorro, ha culminado el proceso de apoderarse ilegalmente de lo que les pertenece. Bastante han luchando; muchos de ellos han muerto, y se preparan a demandar el pago de ese ahorro, pues Peña ha incurrido en desacato.
III.- La desobediencia judicial a una resolución federal, como el acto cometido directamente por Peña y Videgaray, para no entregar lo que les pertenece a esos trabajadores, nos dice que la impunidad de los funcionarios está creando conflictos sociales que no tienen más opción que agotar los caminos pacíficos. Esos trabajadores ya lo han hecho durante 50 años y lograron que el Congreso Federal aprobara la partida en 2013. Pero más de un año después, no se cumple la orden judicial definitiva para ejecutarla, y la violencia social asume la demanda. Esta marcha ya será la última acción de esos trabajadores que entrarán a la Ciudad de México en los primeros días de septiembre; y ya no aceptarán más promesas. Quieren su dinero. Éste es otro problema más para el peñismo que supone que los mexicanos que, según una encuesta, en un 60 por ciento desaprueban su mal gobierno, van a esperar por los siglos de los siglos la vigencia del imperio de la ley.


0 comentarios:
Publicar un comentario